Ayudas a la contratación en el mercado ordinario de trabajo para fomentar la integración de personas en situación de vulnerabilidad en Cataluña

Posted on 17 mayo, 202317 mayo, 2023 by Iurislab

OBJETO

El objeto de estas bases es regular el procedimiento de concesión de las ayudas a la contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad igual o superior al 33%; personas en situación o en riesgo de exclusión social previamente contratadas por empresas de inserción y personas beneficiarías de la renta garantizada de ciudadanía (RGC).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Empresas y profesionales.

A empresas del mercado ordinario de trabajo con establecimiento operativo en Cataluña (excepto las empresas de trabajo temporal, ETT). 

DESTINATARIOS FINALES 

• Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debidamente certificado por el Departamento de Trabajo, Asuntos Social y Familia, o resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

• Personas en situación o en riesgo de exclusión social previamente contratadas por empresas de inserción que se hayan beneficiado de los incentivos a la contratación en dichas empresas. El intervalo entre la finalización del contrato en la empresa de inserción y el del inicio en la empresa ordinaria no podrá ser superior a 3 meses.

• Personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía (RGC).

PLAZOS

Puedes solicitarlo desde el 17 de abril de 2023, a partir de las 9:00h, hasta el 30 de septiembre, a las 15:00h.

Con todo, de acuerdo con la normativa en materia de procedimiento administrativo artículo 30.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), como el plazo finaliza en un día inhábil, éste se alargará hasta el 2 de octubre de 2023 a las 15:00 h., que es el siguiente día hábil.

REQUISITOS

Los requisitos que deben cumplir las empresas solicitantes para obtener la condición de beneficiarios de esta subvención son:

• Cumplir con las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalidad de Cataluña y las obligaciones ante la Seguridad Social. Este cumplimiento debe mantenerse a lo largo de todo el procedimiento: en el momento de presentar la solicitud, previamente a la resolución de otorgamiento y antes de recibir cualquier pago.
  Las deudas que estén aplazadas se considerará que cumplen el requisito de estar al corriente de las obligaciones.
• No estar sujetas a una orden de recuperación pendiente, después de una decisión de la Comisión que declara una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
• No incurrir en ninguna de las circunstancias que impidan adquirir la condición de beneficiario, que prevé el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
• No haber sido sancionadas, en resolución firme, por la comisión de infracción grave en materia de integración laboral de personas con discapacidad o muy grave en materia de relaciones laborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o, si han sido sancionadas, que hayan aplicado las medidas correctoras previstas y hayan abonado las cantidades requeridas por éste concepto.
• Las entidades con un número de 50 personas trabajadoras o más deben cumplir la obligación establecida en el artículo 42 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1 /2013, de 29 de noviembre, de dar empleo al menos a un 2% de personas trabajadoras con discapacidad sobre el número total de las de la entidad, o de la aplicación de las medidas alternativas de carácter excepcional que regulan el Real decreto 364 /2005, de 8 de abril, y el Decreto 86/2015, de 2 de junio.
• En el caso de entidades con una plantilla igual o superior a 25 personas, deben cumplir la obligación, de acuerdo con los agentes sociales, de indicar los medios que utilizan para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, e intervenir en sus centros de trabajo, de conformidad con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
• Cumplir con la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades y, a tal fin, adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. En el caso de las empresas de más de 250 personas trabajadoras, debe elaborarse y aplicarse con carácter obligatorio un plan de igualdad, de acuerdo con lo que establece el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres (BOE núm. 71, de 23.3.2007).
• Disponer de un sistema de organización y gestión de la prevención de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; el Real decreto 39/1997, de 1 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, así como de acuerdo con las modificaciones posteriores introducidas por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
• Cumplir la obligación establecida en el artículo 13.5 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, conforme al personal de las entidades cuyas actividades supongan el acceso y ejercicio a las profesionales, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, no puede haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e identidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo y la provocación sexual, la prostitución y la explotación sexual y la corrupción de menores, así como por tráfico de seres humanos.
• Las entidades solicitantes deben tener sede social o centro de trabajo en Cataluña.
• Las empresas o entidades deben estar legalmente constituidas e inscritas en los registros correspondientes, y deben disponer de los libros contables, los registros diligenciados y los demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como los estados contables y registros específicos exigibles.
• Nunca haber sido objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o género.
• Informar si se han solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas para la misma actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada y/u obtenida.
• En caso de que las entidades beneficiarias tengan centros laborales y establecimientos abiertos al público, atender a las personas usuarias en cualquiera de las lenguas oficiales de Cataluña y redactar, al menos en catalán, la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público, de acuerdo con la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingística.
• Adherirse al código ético que figura como anexo 2, en cumplimiento del artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de septiembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para regular y garantizar la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso de las personas a la información y la documentación públicas.
• Las entidades solicitantes deben estar dadas de alta de actividad económica.
• Las entidades solicitantes deben cumplir cualquier otra obligación legal o reglamentaria que pueda afectarles, los cuales se acreditan mediante una declaración responsable que debe presentarse junto con la solicitud.
• La acción subvencionada debe llevarse a cabo en Cataluña.

¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA?

Se subvenciona la contratación iniciada durante el 2023 a jornada completa con un contrato de trabajo mínimo de 6 meses de duración.

Es una ayuda de 7.560,00 euros por un contrato de trabajo de 12 meses de duración. Si el contrato tiene una duración inferior a los 12 meses, se subvencionará la parte proporcional.

No se subvencionarán los contratos de trabajo con una jornada de trabajo a tiempo parcial.